Vecinas, vecinos y personas comprometidas con el patrimonio natural de Limache expresan su total rechazo al plan municipal “Servicio de poda de árboles y despeje de 19 cámaras de vigilancia y su recolección de excedentes año 2025”, recientemente licitado por el municipio. El proyecto contempla la intervención de cerca de 4.000 árboles en distintos puntos de la comuna.
La iniciativa es encabezada por Gabriela Germain, representante del grupo En Defensa del Árbol Urbano en Chile, quien ha señalado que este plan “pone en riesgo el ecosistema urbano, contradice normativas vigentes y vulnera el derecho de la comunidad a participar en las decisiones que afectan su entorno natural”.
Las y los firmantes del pronunciamiento advierten que el plan vulnera diversas normativas locales y nacionales, como:
- La Ordenanza Municipal de Protección del Arbolado Urbano (2020), que prohíbe la tala o poda drástica sin fundamentos técnicos.
- La declaración de Zona Típica de la Av. Urmeneta (2023), que protege su arbolado como parte del patrimonio paisajístico de Limache.
- La Ley de Caza, que protege a especies como las garzas nativas que anidan en estos árboles urbanos.
Además, denuncian que:
- Las podas proyectadas son drásticas, dañinas y contrarias a los principios actuales de arboricultura urbana.
- El uso de especies como el tulipero —no nativas, de alto consumo hídrico y baja adaptabilidad al clima local— es una práctica errónea.
- No se han considerado políticas comunales como el Plan Comunal de Gestión Arbórea ni la Agenda Sustentable 2022–2030, ni el reciente Plan de Salud Comunal, que destaca el rol del arbolado en la calidad del aire.
Frente a esta situación, se propone que los recursos municipales sean invertidos en:
- El retiro de árboles muertos y la plantación de nuevos ejemplares, nativos y adecuados al entorno.
- La recuperación de alcorques vacíos y nuevas plantaciones en parques y plazas.
- Programas de educación y participación ciudadana sobre la importancia del arbolado urbano.
Las y los firmantes hacen un llamado urgente a las autoridades comunales a revocar la ejecución de este proyecto y abrir un proceso participativo de revisión, que garantice una gestión arbórea verdaderamente sostenible y respetuosa con el medioambiente y la ciudadanía.
